El Marco de Saneamiento de Brasil es un desafío de datos antes que un desafío de obras
La cobertura universal al 2033 depende de redes y plantas. Reducir las pérdidas de agua, ahora escritas en metas nacionales y en la regulación, depende primero de saber adónde va el agua.
Cuando Brasil aprobó su Nuevo Marco de Saneamiento en 2020 (Ley 14.026/2020), el titular era ambicioso y fácil de entender: para fines de 2033, el 99% de la población debe tener acceso a agua tratada y el 90% a recolección y tratamiento de aguas residuales. En algunos casos, el plazo puede extenderse hasta 2040.
Desde entonces, la mayor parte del debate público se ha centrado en la inversión: licitaciones, concesiones, nuevas plantas de tratamiento, kilómetros de tubería. Todo eso es esencial. Pero hay una parte menos visible del desafío que decidirá cuánto de esa inversión llega realmente a las personas, y empieza por los datos.
Dónde está el país
La distancia a la meta todavía es grande. Según los datos nacionales más recientes (SINISA, año base 2024, recopilados en el Ranking de Saneamiento 2026 del Instituto Trata Brasil), el 84,1% de los brasileños tiene acceso a agua tratada y el 56,7% cuenta con recolección de aguas residuales. Solo se trata el 51,8% de las aguas residuales generadas. Más de 30 millones de personas aún no tienen servicio de agua, y cerca de 90 millones viven sin recolección de aguas residuales.
Cerrar esa brecha exige construir. Pero cada nueva conexión se abastece de las mismas redes de distribución que ya existen, y esas redes tienen fugas.
El embalse oculto
En 2024, Brasil perdió el 39,53% del agua tratada que produjo antes de que llegara a un cliente, según un estudio del Instituto Trata Brasil y GO Associados basado en datos del SINISA. Son cerca de 4.400 millones de metros cúbicos en un solo año: suficiente, según la estimación del estudio, para abastecer a unos 77 millones de personas durante un año.
Parte de esa agua se fuga físicamente de tuberías y depósitos. Otra parte se consume, pero nunca se mide ni se factura, por medidores imprecisos, conexiones irregulares o errores de catastro. La primera es una pérdida real (física); la segunda, una pérdida aparente (comercial). Ambas cuestan dinero. Solo una desperdicia agua, y las estrategias para combatir cada una son distintas.
El gobierno federal convirtió esto en metas explícitas. La Ordenanza 788/2024 del Ministerio de las Ciudades fija niveles máximos de pérdidas que se vuelven más exigentes con el tiempo: hasta 35% en 2025, 30% entre 2026 y 2032, y 25% a partir de 2033, con límites equivalentes en litros por conexión por día. En 2024, el promedio nacional era de unos 349 litros por conexión por día, frente a una referencia de 216 para 2033. De los 100 municipios más poblados, solo 12 cumplían ambas referencias de 2033.
De la meta a la obligación
En diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA) aprobó la Norma de Referencia 15/2025 (Resolución ANA 275), que establece lineamientos nacionales para la reducción progresiva y el control de las pérdidas en la distribución de agua.
La lógica de la norma es simple. Los prestadores de servicio deben elaborar un diagnóstico de pérdidas basado en un balance hídrico estandarizado y presentarlo cada año a su regulador. Los reguladores deben exigir, y luego aprobar y supervisar, planes de gestión para la reducción y el control de pérdidas. Se espera que las verificaciones de cumplimiento comiencen en mayo de 2028.
En otras palabras, el ciclo ya comenzó. Los reguladores deben actualizar sus normas, y los prestadores deben empezar a recopilar los datos de los que dependerán sus primeros diagnósticos. Un operador que llegue a 2028 sin un balance hídrico confiable tendrá dificultades para presentar un plan creíble, y más aún para mostrar resultados.
No se puede reducir lo que no se mide
Por eso la reducción de pérdidas es, ante todo, un problema de datos.
Un balance hídrico es tan bueno como las mediciones que lo respaldan. Si el volumen que entra a la red se estima en lugar de medirse, si los medidores de los clientes son antiguos o imprecisos y si la red no está dividida en áreas que puedan medirse por separado, el resultado es un promedio que oculta dónde están realmente las pérdidas. Los equipos terminan reemplazando tuberías donde es más fácil, no donde más importa.
Los operadores que avanzan de forma consistente suelen seguir la misma secuencia: hacer que la red sea medible, medirla de forma continua y solo entonces decidir dónde excavar.
Una hoja de ruta práctica
1. Sectorizar. Dividir la red en distritos hidrométricos, cada uno con un número controlado de entradas. Así, un sistema grande y opaco se convierte en muchos sistemas pequeños cuyos caudales de entrada y consumos pueden compararse.
2. Medir. Instalar o modernizar la macromedición en la producción y en las entradas de los distritos, y modernizar la micromedición en las conexiones de los clientes. Una medición precisa en ambos extremos es lo que hace confiable el balance hídrico, y lo que separa las pérdidas reales de las aparentes.
3. Monitorear de forma continua. Las fotografías anuales o mensuales no bastan para detectar fugas a tiempo. La telemetría de caudal y presión, con alertas ante patrones anormales, como el aumento del caudal nocturno en un distrito, muestra dónde crecen las pérdidas mientras todavía hay tiempo para actuar.
4. Actuar, y demostrarlo. Con distritos medibles y datos continuos, las reparaciones, la gestión de presión y el reemplazo de medidores pueden priorizarse según su impacto. Los mismos datos alimentan luego el diagnóstico anual y la evidencia que pedirán los reguladores.
Ninguno de estos pasos reemplaza la inversión en infraestructura. Garantizan que la inversión vaya adonde genera más agua, más ingresos y más avance hacia las metas.
Los operadores que empiezan ahora
El plazo de 2033 se lleva los titulares. Para las pérdidas de agua, las fechas más inmediatas ya están en el calendario: límites más exigentes desde 2026 y verificaciones regulatorias desde 2028.
La diferencia entre operadores no estará solo en cuánto invierten, sino en qué tan bien conocen sus propias redes. Quienes construyan ahora la base de datos, con la red sectorizada, medida y monitoreada, llegarán a esas fechas con evidencia en mano. Quienes no lo hagan estarán estimando.
Fuentes: Ley 14.026/2020; Instituto Trata Brasil / GO Associados, estudio de pérdidas de agua basado en SINISA 2024 (junio de 2026); Instituto Trata Brasil, Ranking de Saneamiento 2026 (SINISA 2024); Ordenanza 788/2024 del Ministerio de las Ciudades; Resolución ANA 275/2025 (Norma de Referencia 15/2025).